Un grupo de individuos, que se autodenominan «justicieros», ha estado atacando radares de tráfico en Sevilla y su área de influencia. Los ataques han dejado varios radares dañados o destruidos, y la investigación sigue abierta. La DGT considera que estos actos son un delito de daños y pueden llevar a cárcel y multa. Los «justicieros» argumentan que actúan contra radares que consideran recaudatorios, pero la ley no tiene en cuenta sus motivaciones. La recaudación de multas por velocidad es un tema controvertido en España, con algunos argumentando que los radares son «instrumentos de recaudación» y otros defendiendo su eficacia para reducir la velocidad y prevenir accidentes.