«No te metas a opositar, que la IA se va a cargar a los funcionarios». Es el consejo que empieza a correr cada vez que un gobierno anuncia recortes de plantilla y menciona la IA. Estudio ingeniería de IA, así que la frase me toca de cerca. He ido a mirar los datos antes de darle la razón a nadie.
El miedo tiene base. El 26 de octubre, el Gobierno de Países Bajos anunció que quiere unos 25.000 puestos menos en su administración central de aquí a 2035, cerca del 16% de la plantilla, para ahorrar 3.500 millones de euros al año. Entre las herramientas cita la IA. En mayo, Nueva Zelanda anunció 8.700 empleos públicos menos antes de julio de 2029, con fusiones de departamentos y más IA.
Ahora la letra pequeña. Ninguno de los dos gobiernos ha dicho cuántos de esos puestos hará la IA. Países Bajos no presentará su plan de IA hasta el primer trimestre de 2027. En Nueva Zelanda, según documentos que obtuvo la radio pública RNZ, nadie calculó cuántos empleos podía sustituir la IA ni cuánto costaría implantarla, y los propios funcionarios avisaron a los ministros de que un recorte así podía dañar los servicios. Son recortes decididos por razones de gasto. La IA aparece después, para explicar cómo se hará el mismo trabajo con menos gente.
En España el problema va en sentido contrario: faltará gente. El último estudio del Ministerio de Función Pública sobre el envejecimiento de la Administración General del Estado prevé que 89.690 personas se jubilen antes de 2035. Es el 49,53% de la plantilla analizada. El estudio ni siquiera menciona la IA; su respuesta es seguir convocando plazas para cubrir el 120% de las bajas de cada año.
Y eso es lo que está pasando. La Oferta de Empleo Público de 2026 tiene 37.017 plazas, 27.232 de ellas en la Administración General del Estado. Los sindicatos mayoritarios no la firmaron porque les parece poca para una plantilla tan envejecida. Hoy no hay ningún plan del Gobierno para recortar funcionarios por la IA.
Hay otra cosa que el consejo de barra de bar olvida. El funcionario de carrera tiene reconocida por ley la inamovilidad. Si un día la IA reduce empleo público en España, lo hará en plazas que dejan de convocarse, en interinos cuya plaza se amortiza, en personal laboral o en empresas contratistas. Al que ya tiene la plaza es difícil que le toque.
Ahora bien, opositar a ciegas tampoco es buena idea. El mismo estudio señala que las jubilaciones golpean sobre todo al grupo C2 y al personal laboral de menor categoría. Son puestos de tramitación, registro y gestión de expedientes, justo las tareas que la IA ya sabe hacer bien. Si dentro de cinco años alguna administración decide no reponer plazas, empezará por ahí. No hace falta adivinarlo: la OEP de 2026 ya incluye unas 1.700 plazas tecnológicas, con perfiles de IA, ciberseguridad y ciencia de datos por primera vez. La propia administración está diciendo hacia dónde quiere crecer.
Mi consejo es el contrario del que corre por ahí. Opositar en España sigue teniendo sentido, quizá más que hace diez años, porque miles de plazas se van a quedar libres. Pero eligiendo bien. Antes de elegir temario, pregúntate cuánto de ese trabajo puede hacer hoy una máquina, y si la plaza te deja aprender a manejarla. Quien entre en la administración sabiendo trabajar con IA será quien la ponga en marcha.
Y a los gobiernos que anuncian recortes con la IA como argumento les pediría lo mismo que a cualquiera que promete ahorros: que digan cuánto trabajo va a hacer la máquina y cuánto cuesta. Países Bajos y Nueva Zelanda todavía no lo han hecho.
Jordi Callejo, estudiante de AI Engineering y exconseller del Ajuntament de Barcelona.

